La Coordinadora Española de Afectados de Fórum Filatélico y Afinsa (Ceaffa), que reúne a 156.000 perjudicados, mostró hoy su descontento con la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, los administradores concursales de las empresas y la clase política española al cumplirse mañana un año y medio desde la intervención judicial del 9 de mayo de 2006, según informó hoy la Ceaffa en un comunicado.

Según explicó la coordinadora, a pesar de conocer el contenido de la querella de la Fiscalía Anticorrupción que motivó el cierre de las empresas, los afectados "siguen sin entender las verdaderas razones que motivaron semejante catástrofe".

La Ceaffa mantiene que con la intervención se "violó de forma absolutamente irresponsable" el principio de proporcionalidad en las actuaciones jurídicas, que prohíbe causar un daño mayor del que se pretende evitar.

La coordinadora calificó la actuación de los administradores concursales que tramitan el proceso concursal de las empresas filatélicas de "nada satisfactoria" y les acusaron de "sembrar el caos" y la "inquietud" entre los afectados.

Asimismo, recordó que los perjudicados "no se sienten representados" en dichos procedimientos porque "marginan a los verdaderos acreedores". La coordinadora considera que la Agencia Tributaria ocupó la plaza que les corresponde a ellos dentro del equipo que tramita la liquidación ya que tras la intervención se creó una deuda "inmensa" de forma "artificiosa" con Hacienda al dejar de pagar las empresas el IVA y las retenciones del IRPF de los ocho primeros días de mayo.

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid tramita el concurso de Afinsa, que cifra el déficit patrimonial en 1.823 millones de euros. Por su parte, el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid tramita la liquidación de Fórum Filatélico a quien se le atribuye un desfase patrimonial de 2.843 millones de euros.

"La responsabilidad patrimonial del Estado en esta calamidad es cada vez más patente", afirmó la Ceaffa, que considera que la Justicia "acabará obligando" a la Administración a pagar por su "manifiesta negligencia".

Por este motivo, recordó que las asociaciones independientes están trasladando a todos los grupos parlamentarios la situación de los afectados con la finalidad de llegar a un "gran acuerdo" de aceptación de la responsabilidad patrimonial del Estado que restituya los derechos económicos y morales "a quienes confiaron en que los poderes públicos velarían por los consumidores y ciudadanos".